L’Estatut de Catalunya como preludio de la desvertebración de España, vía reforma constitucional encubierta.

LIBERTAD DIGITAL Enrique Múgica dice que el término «Nación» invalida el Estatuto y «preludia la desvertebración del Estado»

A Enrique Múgica no le ha amedrentado el linchamiento al que le han sometido en Cataluña y en el Congreso de los Diputados –con la excepción de PP y CC- por el recurso contra el Estatuto de Cataluña. En su informe anual, Múgica insiste en que el término «Nación» no sólo encierra «una inconstitucionalidad manifiesta» sino que «invalida gran parte de la normativa estatutaria» al tiempo que, como modelo a seguir por otros estatutos, «preludia la desvertebración del Estado» concebido por la Constitución. También señala que no puede imponerse el deber de conocimiento de una lengua distinta del castellano a los residentes.

 

LD (Agencias) En su informe, el Defensor del Pueblo fundamenta el recurso de inconstitucionalidad presentado contra el texto catalán aprobado en el Congreso de los Diputados. Así, afirma que al definir Cataluña como ‘Nación’ en el preámbulo así como «los derechos históricos del pueblo catalán», la cuestión pasa a ser la de la impugnabilidad del citado preámbulo. Asimismo, apunta que los Estatutos de Autonomía «no son Constituciones, ni el Estado de las Autonomías es un Estado federal» y por tanto, concluye, «no vale apelar al derecho comparado para justificar la inclusión en el Estatuto de una declaración de derechos propia».

 

En cuanto a la cooficialidad lingüística, precisa que, conocido el criterio constitucional, «no parece posible entender que por la vía de los Estatutos de Autonomía pueda imponerse el deber de conocimiento de una lengua distinta del castellano a los ciudadanos residentes en el territorio de una Comunidad». También cree «constitucionalmente cuestionable» el concepto «lengua propia» y que se le dote de una «sustantividad jurídica superior a la del concepto ‘lengua oficial’ para pretender justificar así una posición superior de la lengua cooficial respecto al castellano».

Sobre el uso de la lengua catalana el establecimientos públicos, la Institución que dirige Enrique Múgica señala que es admisible constitucionalmente «imponer» a los titulares de establecimientos catalanes el deber de estar en condiciones de atender a los consumidores y usuarios sea cual sea la lengua oficial que emplee, pero añade que «no lo es considerar que tal deber incluye la obligación de mantener todas las comunicaciones orales y escritas en esa lengua, ni que la condición de consumidor o usuario pueda amparar el derecho correlativo a tal obligación».

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